¿Golpe de Estado judicial?

¿Golpe de Estado judicial?

Choque frontal entre dos salas del máximo tribunal. La meta inmediata es impedir el referendo. Las instituciones están secuestradas por el gobierno, denuncia la oposición.
Carlos Coello
Tiempos del Mundo
CARACAS. Juristas y opositores acusaron al presidente Hugo Chávez de manipular a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que anulara una sentencia de la Sala Electoral que hace unos días dio luz verde a la realización de un referendo para maduras xxx revocarle el mandato.
La Coordinadora Democrática que agrupa a más de cincuenta partidos y asociaciones civiles de oposición condenó el dictamen y destacó que “en Venezuela, las instituciones están morritas xxx secuestradas por el gobierno”. Agregó que en el país no hay equilibrio entre los poderes públicos, por lo que el “abuso de poder” del oficialismo está colocando “en grave riesgo a la democracia venezolana”.
Los opositores también reiteraron que más del 80 por ciento de los jueces son transitorios, lo que los hace particularmente vulnerables a las presiones. La Comisión Interamericana de cogidas xxx Derechos Humanos indicó que este es uno de los factores que ha debilitado al estado de derecho en Venezuela.
La oposición reunió en noviembre pasado más de 3.4 millones de firmas para solicitar el referendo, superando así los 2.4 millones que pauta la ley. Pero el mes pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por una mayoría de tres directores chavistas contra dos de la oposición, anunció que 1.8 millones de esas firmas eran válidas y que más de porno mexicano un millón debían ser verificadas en un nuevo proceso. La oposición apeló ante la Sala Electoral del TSJ, acusando al CNE de elaborar un reglamento para aplicarlo con efecto retroactivo para invalidar esas firmas. Subrayó que las rúbricas y huellas digitales corresponden a los electores y que los demás datos de éstos fueron llenados por personal autorizado de ese organismo y ante testigos del gobierno y la oposición, tal como indicaban las normas. Los firmantes acusan al CNE de “inventar”, con posterioridad, un reglamento para objetar las firmas recolectadas.
La Sala Electoral acogió la demanda y determinó que las firmas válidas sobrepasan las necesarias para xxx realizar el referendo.
Con el fallo de esta semana de la Sala Constitucional, controlada por tres magistrados chavistas, de anular la sentencia de la Electoral, numerosos juristas acusaron a la primera de violar su propia jurisprudencia luego que el año pasado determinó que la segunda era la competente para todos los asuntos electorales. También sostuvo en esa oportunidad que todas las salas del TSJ tienen igual jerarquía.
Agustín Blanco, politólogo y ex aliado de Chávez, estimó que el fallo de la Sala Constitucional “es una burla oficialista, para quien el aparato judicial sirve para apuntalar las decisiones de la revolución bolivariana, acomodar el referendo revocatorio a sus intereses y para exculpar al aparato violento-criminal del Estado de los muertos que ha dejado y dejará, tal y como hacen todos los regímenes dictatoriales”.
El matutino El Nacional acusó a los oficialistas que controlan el CNE y la Sala Constitucional de “claudicar a los mandatos del presidente” y no estar a la altura de las circunstancias, en las que está en juego la paz del país. El rotativo resaltó que en una nación donde funcione el estado de derecho “la decisión de la Sala Electoral del TSJ ya estaría en plena vigencia y el CNE la habría obedecido sin cuestionarla”. Agregó que eso no ocurrió porque, además de la crisis institucional, “Chávez movió sus piezas en el Tribunal Supremo de Justicia y ordenó a la Sala Constitucional anular la decisión tomada por la Sala Electoral”.
En medios opositores denunciaron que los presidentes del Tribunal Supremo, Iván Rincón, y del Consejo Nacional Electoral, Francisco Carrasquero, viven en el Círculo Militar, donde son “controlados” por Chávez, a través del ministro de la Defensa, general Jorge García Carneiro.
El jurista Jorge Olavarría, un ex aliado del mandatario, acusó a los magistrados de la Sala Constitucional de impedir los derechos de más de 3.4 millones de firmantes que piden una consulta electoral. Señaló que eso lo lograron con una sentencia “usurpadora, arbitratria, escandalosamente ilegal para favorecer a Chávez”. Agregó que el país ha sido llevado a “una crisis institucional muy grave”, creándose un inédito conflicto de competencia entre dos salas que deberá ser resuelto por la Sala Plena, formada por la totalidad de los 20 magistrados del TSJ. Indicó que allí el gobierno ejercerá “presiones brutales” para lograr el apoyo necesario, hurgando hasta en la intimidad de los jueces. Otro ex colaborador del presidente Chávez, el abogado constitucionalista Hermann Escarrá, calificó la sentencia de “golpe de estado judicial”.
El jurista y diputado opositor, Gerardo Blyde, estimó que la sentencia de la Sala Electoral fue la última de la democracia, mientras que el fallo de la Sala Constitucional, es el “primero de la dictadura”.
Según la encuestadora Datanálisis, el 66.1 % de los venezolanos quiere que Chávez deje inmediatamente el poder.

Acuerdo Preliminar
Buscarán despenalizar la coca

La liberación pondría fin a los programas de erradicación forzosa de cultivos excedentarios. El comercio de la hoja entraría al juego de la libre oferta y demanda del mercado internacional, dicen dirigentes del sector. La industrialización de la coca es todavía incipiente.
Ricardo F. Andrade
Tiempos del Mundo
LA PAZ. Mientras al Departamento de Estado de Estados Unidos le preocupa el incremento de los cultivos de coca en los Yungas y observa como inconveniente una pausa en la erradicación de esta hoja en El Chapare, el gobierno y los agricultores del sector tratan de ponerse de acuerdo para solicitar su despenalización en la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de abril en Viena, Austria.
El alegato es preparado por un equipo de profesionales que asesora a los cocaleros del trópico de Cochabamba sobre estudios realizados por la Universidad Harvard de Estados Unidos, otras de Europa y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El primer dirigente de dichos productores, diputado Evo Morales Ayma, dijo a Tiempos del Mundo que “esos trabajos científicos demuestran que la hoja de coca, en su estado natural, no hace daño a la salud humana y por tanto no hay otra alternativa que retirarla de la lista de estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas”.
La Ley 1008, vigente hace casi dos décadas en el país, penaliza la producción por encima de las 12 mil hectáreas de la hoja destinada al consumo tradicional nacional. En los años 70 sobrepasó las 40 mil hectáreas. El mayor volumen se concentró en El Chapare, destinado mayormente, a la fabricación de droga según las autoridades.
En ese lapso y con apoyo de Estados Unidos, el gobierno empleó más de 200 millones de dólares para erradicar los sembradíos e impulsar un programa de desarrollo alternativo. La resistencia de los comunitarios a lo largo de ese tiempo dejó decenas de muertos entre agricultores, policías y soldados enviados a la erradicación forzosa.
El secretario de Estado Adjunto para Asuntos de Narcóticos de Estados Unidos, Robert B. Charles, dijo después de entrevistarse con presidente Carlos Mesa hace unos días que sería un “error” declarar una pausa en la erradicación de cocales excedentarios del Chapare, donde, por efecto de la campaña uniformada, el cultivo había bajado en un 15 por ciento aunque subió en un 26 por ciento en los Yungas de La Paz de acuerdo con informes de fotografias de satélite tomadas por el Departamento de Estado norteamericano en datos que el gobierno boliviano aún no avaló.
“En mi opinión, una pausa en la erradicación iría en desmedro de todo lo que se ha logrado hasta el momento en Bolivia”, subrayó Charles en coincidencia con el embajador en La Paz, David Greenlee.
Testigos de la localidad yungueña La Asunta comentaban que la coca allí sólo falta que se plante debajo de las camas. De 12 mil hectáreas autorizadas en Yungas, ahora hay 23.550, el doble permitido para la masticación tradicional. Cálculos oficiales aseguraban que para el consumo interno bastaban 5 mil hectáreas.
El diputado por los Yungas, Roberto Calle, dice a TDM que la crisis económica del país incrementó el consumo de la hoja entre la población más pobre. “Los librecambistas y otra gente que vende en las calles, mastica coca más que antes para sobreponerse al hambre y a sus preocupaciones”, señala.
Acuerdos
Días antes de la visita del alto funcionario norteamericano al país, la dirigencia cocalera se reunió con el ministro de Gobierno Alfonso Ferrufino, de quien logró el compromiso de plantear la despenalización del arbusto en la próxima asamblea de la ONU, en Viena. En un posterior encuentro hace poco decidieron encargar a un organismo independiente el estudio del mercado legal de la coca y también evaluar los resultados de la rígida ley 1008.
“Queremos demostrar, mediante esa ley, que no hay erradicación forzosa” aseguró el diputado cocalero. “Hay que analizar este asunto para acabar con los conflictos, porque la erradicación de coca está acompañada por la violación a los derechos humanos”.
Morales Ayma no tendría ningún inconveniente en acompañar al gobierno a reuniones internacionales para explicar por qué es importante que no se limite los cultivos de coca. Si se despenaliza, su comercialización “sería una cuestión de negociaciones bilaterales con muchos países que quieren comprarla”, asegura Morales. En ese caso, la producción excedentaria se destinaría al mercado internacional y a su industrialización, con lo que acabaría también la erradicación forzosa.u
¿Exportación?
A fines de los 90, la Asociación Departamental de Productores de Coca de la Paz (Adepcoca), encargó a médicos especialistas proyectar la utilización de la coca en la producción de fármacos, mates, pasta dentífrica, gomas de mascar, pomadas para la fricción y jarábes expectorantes, entre algunas utilidades.
El diputado Calle, dirigente de los yungueños, sostiene que si la campaña internacional consigue su objetivo, los cocaleros bolivianos darían un paso libre a la exportación.